Editorial UCA

En general, la lógica de actuación del Gobierno de Bukele suele seguir los mismos tres pasos. En primer lugar, se selecciona una temática, actividad o instancia que genera descontento o insatisfacción entre la población. Ese descontento se exacerba para que la gente acepte cualquier medida con tal de librarse de la situación o problema. Luego, en segundo lugar, se promete crear un nuevo escenario que traerá grandes beneficios. Finalmente, el Gobierno implementa unas acciones que, pese a ser presentadas como históricas y novedosas, en realidad causan tantos o mayores problemas que lo que se pretendía superar.

Bajo esta lógica se abordó el nepotismo de las administraciones anteriores. Mientras con escarnio público eran despedidos del Gobierno familiares de dirigentes del FMLN, hermanos, primos, tíos, compadres y empleados de las empresas del presidente comenzaron a ocupar cargos importantes, arrastrando a la vez a sus propios familiares. Los nuevos funcionarios no fueron nombrados por sus competencias profesionales y principios éticos, sino por su lealtad personal al mandatario. El resultado está a la vista: un gabinete incapaz de gestionar la cosa pública y que en muchas facetas supera los vicios de sus antecesores.

Con esa lógica también se destituyó a magistrados, jueces y fiscales para nombrar a otros dóciles a Casa Presidencial. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia dejó de ser la máxima administradora de la justicia del país para convertirse en ejecutora de las decisiones del Ejecutivo, sumándose a una Asamblea Legislativa convertida en simple tramitadora de las iniciativas presidenciales y una Fiscalía que persigue a opositores y protege a los miembros del oficialismo. Sobre el Tribunal Supremo Electoral se cierne ya el peligro de dejar de ser el administrador de los procesos electorales para transformarse en mero legitimador del ansia de continuidad de Bukele.

El mismo libreto se siguió para suprimir el Fodes, argumentando que las municipalidades no lo usaban bien o, peor aún, lo malversaban, y crear, como una especie de sustituto, la Dirección de Obras Municipales. Esto supuso un retroceso de décadas en el camino de la descentralización. Ahora las municipalidades dependen de las decisiones de una instancia al servicio del presidente. El mandatario ha logrado que la gente pase de decir: “La alcaldía arregló esta calle”, a expresar agradecida: “Nayib mandó a repararla”.

Ahora es el turno del deporte más popular del país. Ante las acciones del Indes contra la Federación Salvadoreña de Fútbol, algunos periodistas y cronistas deportivos opinan que lo único importante es que se den cambios en una estructura deportiva caracterizada por la arbitrariedad, la opacidad y la mediocridad. Sin embargo, es pura ingenuidad pensar que estos vicios serán subsanados por un Gobierno que padece de lo mismo. Lo que está pasando con el fútbol hay que contextualizarlo en la enfermiza obsesión del Ejecutivo por controlar todo el poder. Se aprovecha el descrédito de los dirigentes del futbol profesional; se prometen cambios de raíz para mejorarlo y convertirlo en exitoso. Si sucede lo ya acostumbrado, el resultado será más arbitrariedad, más opacidad y más mediocridad, pero sufragados con los impuestos de la ciudadanía.