Redacción RV

La asamblea Legislativa pide a la Fiscalía General de la República investigar el origen de los fondos con que la presidencia de la República financia medios de comunicación, lo que viola la Ley del presupuesto nacional 2021, al tiempo que critica el uso de los medios de comunicación presidenciales para propaganda e infundir odio.

Según la correspondencia enviada el miércoles al Fiscal General, Raúl Melara, la Asamblea estudia la iniciativa de varios diputados de crear la Ley de Publicidad Estatal, que tiene el propósito de “regular la planificación, contratación y distribución de la publicidad estatal”.

El aviso de la Asamblea a la Fiscalía se basa en el artículo 22 de la Ley del Presupuesto para el presente año, que señala que “no se podrán utilizar recursos públicos, incluidos los de las instituciones autónomas, para financiar directa o indirectamente, operaciones de sociedades, empresas o entidades, que no correspondan a las funciones o giro que por disposición legal expresa le compete. La inobservancia de esta disposición conllevará responsabilidad personal y patrimonial a los principales funcionarios de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes”.

Con base a la anterior disposición legal, la Asamblea pide a la Fiscalía que determine “el origen de los fondos con que se están financiando herramientas mediáticas del Órgano Ejecutivo (Diario El Salvador y Canal 10 de Televisión)”.

Agregan los diputados que “conforme a informaciones recibidas, en definitiva, es la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la institución que genera los recursos para ello” y que esto “es una violación expresa de la Ley” que tiene consecuencia personales, patrimoniales y penales.

“Lo anterior sin perjuicio de que los medios de comunicación Canal 10 de televisión y Diario de El Salvador, están siendo utilizados, evidentemente, como órganos de desinformación, de propaganda, y para difundir odio desde las más altas esferas de este gobierno, que ya se materializó en el asesinato de dos personas, como crimen de odio, por su pertenencia a una organización política.”, finaliza la misiva enviada al Fiscal General de la República.