Texto Néstor Martínez, Editor General de RV / Fotografía Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” / Capturas de vídeo

La masacre del río Sumpul o de Las Aradas

La fuerte lluvia cae sobre el norte de Chalatenango. Los habitantes del caserío Las Aradas, erigido en una remota y planicie cercana a la ribera agreste del río Sumpul, al norte del país frontera con Honduras, están inquietos. En la madrugada llegan decenas de campesinos, bajo el cielo opresivo y nebuloso, en busca de refugio. Era el 14 de mayo de 1980.

Los habitantes de Las Aradas, saben de qué se trata. A principios de ese año dos operativos de la Guardia Nacional y los paramilitares de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), campesinos asalariados que vigilan a campesinos, provocaron la huida de muchos de ellos a Honduras atravesando el río.

La presión de ejército hondureño para que los campesinos salvadoreños regresaran a su país, hizo que se repoblara Las Aradas en marzo, confiados en que era zona desmilitarizada bajo la vigilancia de la Organización de los Estados Americanos, establecida en 1970 tras la guerra entre Honduras y El Salvador, conocida como “La guerra del fútbol”.

Así, cada vez que llega el ejército salvadoreño, la Guardia Nacional y los elementos de ORDEN, cruzan el río Sumpul hacia Honduras para ponerse a salvo. No sucedió así esta vez.

El 5 de mayo se reúnen en la frontera jefes militares de El Salvador y Honduras. Los del lado salvadoreño informan del operativo que realizarán, los del lado hondureño “encontrarán mecanismos” para impedir que los campesinos salvadoreños ingresen a Honduras.

Dos días después de esta reunión el ejército hondureño presiona a los refugiados salvadoreños. Un grupo de ellos regresa a Las Aradas.

El 13 de mayo, soldados del Destacamento Militar Nº1, con sede sobre la carretera a la ciudad de Chalatenango y bajo las órdenes del coronel Ricardo Augusto Peña Arbaiza, la Guardia Nacional y miembros de los paramilitares de ORDEN, apoyados por elementos de la Fuerza Aérea, persiguen a los campesinos desde varios puntos del norte de Chalatenango. El punto de convergencia es Las Aradas.

Los campesinos en Las Aradas, confían en alcanzar el puente fronterizo de hamaca a una hora de camino. El río Sumpul brama por la crecida originada por las lluvias. El puente ya antes fue destruido por el ejército salvadoreño.

Los soldados se acercan, van tras los civiles desarmados. Ya tuvieron varios enfrentamientos con grupos de guerrilleros que aún no forman lo que más tarde será el Frente Farabundo Martí para la Liberación.

El rugido de dos helicópteros que ya disparan hacia Las Aradas y el bombardeo de la artillería inician la masacre. Los campesinos desarmados corren hacia el crecido río Sumpul, como lo hicieron antes, pero esta vez el cordón de seguridad del ejército de Honduras les impide pasar. Unos se cubren en los escarpados de la ribera del río. El ejército salvadoreño dispara a todo ser viviente que intenta cruzar el río. Algunos, como pueden salen bajo la feroz y criminal tenaza militar.

Tras la matanza, la soldadesca se retira. La Guardia Nacional y elementos de ORDEN, patrullan la zona para evitar que regresen los sobrevivientes. Los cadáveres quedan donde los alcanzaron las balas, otros cadáveres son arrastrados por la fuerte correntada. El informe de la Comisión de la Verdad, dice que “por lo menos 325” campesinos fueron asesinados, entre mujeres, niños y ancianos. Los sobrevivientes dicen que fueron más de seiscientos, porque los que se llevó la corriente del río Sumpul no fueron contados.

Cuando se retiran la Guardia Nacional y los paramilitares de ORDEN, los sobrevivientes regresan y miran una escena dantesca: cadáveres devorados por fieras y aves de rapiña, calaveras, huesos desperdigados por todos lados.

El pozo de abastecimiento de agua es agrandado. Recogen los restos humanos en enormes sacos que lanzan al fondo del pozo. Los que arrastró el río no los pudieron recoger.

La negación de la masacre

Hasta el 21 de mayo se difunde la noticia de la matanza. Radio Noticias del Continente que opera en Costa Rica. Días después el periódico Tiempo publica las noticias en la que el Padre Roberto Yalaga, de Honduras confirma el crimen.

El 19 de junio el Presbiterio y la Religiosas de la Diócesis Hondureña de Santa Rosa de Copán denuncian la masacre. El escrito es firmado por 38 agentes pastorales, miembros de la Diócesis. La denuncia tiene como base la evidencia gráfica y testimonial investigada por la Diócesis.

Se responsabiliza al gobierno y a la Fuerza Armada de Honduras de complicidad y su posterior ocultamiento del hecho; y a la Organización de Estados Americanos, también se le acusa de complicidad en el ocultamiento de la masacre.

Este pronunciamiento es ratificado por la Conferencia Episcopal Hondureña presidida por el Obispo de Tegucigalpa, Monseñor Héctor E. Santos.

El 29 de junio el Arzobispado de San Salvador ratifica y se solidariza con la denuncia de la Diócesis de Santa Rosa de Copán.

Los periodistas extranjeros, de Chile, Gabriel Sanhueza y de Alemania Ursula Ferdinand, ingresan desde Honduras a Las Aradas y logran evidencia gráfica de la matanza. También entrevistan a sobrevivientes en Honduras.

Sanhueza recuerda: “Ese día recogimos relatos dantescos y que eran casi imposible de creer: mujeres torturadas antes de recibir un tiro de gracia. Niñitos lanzados al aire para hacer blanco. Los pocos campesinos que lograron cruzar el río Sumpul fueron devueltos amarrados por los soldados hondureños a El Salvador, donde fueron asesinados de inmediato”.

“Es difícil estimar la cantidad de muertos, pero todos coincidían en varios cientos. ¿Seiscientos?”, agrega el periodista chileno.

Continúa: “El segundo día recorrimos el lado hondureño del Sumpul, acompañados de un par de campesinos. Hicimos fotos de restos humanos y nuevas grabaciones”.

El Ministro de Defensa, general José Guillermo García, niega la masacre. Aunque un año después admite que “algunas personas habían muerto en un enfrentamiento el 14 de mayo de 1980 en el río Sumpul y sobre la cantidad de muertos afirma que sí hubo, “pero no en tales cantidades industriales”.

En octubre de 1980, el entonces presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, en entrevista concedida a la publicación canadiense “United Church Observer” reconoce que “una acción tuvo lugar en el área del río Sumpul y que “murieron alrededor de 300 personas, todos ellos guerrilleros comunistas”.

El coronel Peña Arbaiza, no promueve ninguna investigación seria sobre la masacre.

El presidente de Honduras, Policarpo Paz, por medio de cadena de radio y televisión niega la acusación de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, la que califica de “calumniosa e irresponsable”.

El Ministro de Gobernación, coronel Cristóbal Díaz García, declara a la prensa de Honduras que no se va a crear “ninguna comisión de investigación” sobre los sucesos y dice que “nadie duda que hubo matanza del otro lado, pero nosotros no hemos intervenido en ello”.

Epílogo de la masacre

“Las Aradas es sinónimo de la primera gran masacre de cientos de campesinos y campesinas indefensas, que luego se repitió en 1981 en El Mozote; en 1982 en Los Amates y Santa Anita (masacre de la “Guinda de mayo); en 1983 en Las Bermudas; en 1984 en el río Gualsinga y en muchos lugares más.

Con la masacre de Las Aradas, las fuerzas represivas del gobierno salvadoreño (Fuerza Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y ORDEN), iniciaron los operativos de “tierra arrasada”, es decir, de exterminio de la población civil organizada, considerada base social de la guerrilla”

Dorotree Molders / 15 de mayo de 2010.

Cuarenta años después

Lunes 1 de febrero del 2021. No es posible llegar en vehículo hasta la zona de Las Aradas. Son dos horas de caminata y desde el poblado más cercano son cuarenta y cinco minutos por terreno agreste.

Pese a esa dificultad fiscales, la jueza interina del Juzgado de Paz del municipio de Ojos de Agua, delegada por el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango; representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de Medicina Legal, acompañados de la Asociación de Víctimas y de la organización Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, llegan hasta el pozo para iniciar la excavación con el objetivo de exhumar los restos de las víctimas de la masacre.

“Este caso se denunció en el año 1992 en el Juzgado de 1ra Instancia de Chalatenango y desde esa época se ha venido luchando para que se haga justicia, que se procese a los responsables y realizar diligencias de exhumación”, dice Alejandro Díaz Gómez, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, que representan a las víctimas en la búsqueda de justicia.

Agrega que “con la amnistía que se aplica en 1993 y la falta de diligencia judicial, de alguna forma habían estancado el caso, pero Tutela Legal, a partir del año 2008, empieza de nuevo a solicitar diligencias, con el fin de que se procese a los militares, al Alto Mando militar que participó, de ordenar estos operativos y que sean juzgados”.

“Se han tomado declaraciones a víctimas, se han presentado documentos, algunos nombramientos en Diarios Oficiales, se ha solicitado a los gobiernos de turno los documentos militares y se han negado, se ha dicho que no existe esa información y eso ha sido una limitante, pero con esta etapa de exhumación consideramos que hay elementos de juicio y elementos probatorios para sentar en el banquillo de los acusados al Alto Mando del ejército salvadoreño que ordenó, son los autores intelectuales, de esta grave masacre”, señala Díaz.

Teresa Vásquez, jueza interina del Juzgado de Paz de Ojos de Agua, dice que “se trata de realizar la exhumación en relación a que nosotros deseamos verificar si aquí se encuentran los restos de lo que se ha denominado Masacre del Río Sumpul. Probablemente se encuentren los restos, en total fueron unas seiscientas personas las que fueron masacradas. Este es un pozo en el que presuntamente se encuentran restos, pero no se sabe con exactitud cuántas personas se puedan encontrar”.

Por su parte Blanca Miriam Ayala Mejía, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas del Sumpul afirma que “pedimos desde hace cuarenta años que se conozca la verdad y que haya justicia”.

“Mantener viva la memoria histórica, que de lo que ocurrió acá no es ninguna farsa ni mentira, y también tenemos que enseñarles a los jóvenes, que conozcan lo que sucedió en el pasado durante el conflicto armado, las crueldades que se dieron en diferentes departamentos del país, uno de ellos es Chalatenango, en este caso la Masacre del Sumpul, que fue de las más grandes, y hay más masacres, y también se está haciendo un parque memorial con el objetivo de que hayan retiro para jóvenes y que conozcan la verdad, lo que sucedió”, agrega.

“Si no fuera verdad yo me echara esa gran caminata de la que ustedes fueron testigos, no lo hiciera porque es un gran sacrificio, pero lo voy a hacer las veces que sea necesario y cuando amerite”, dice.

El procedimiento inicia con excavar un pozo paralelo al pozo de la sepultura. Se requerirán muchos días para lograr los objetivos propuestos.

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Fuentes consultadas:

– Relato del Periodista Gabriel Sanhueza Suarez, periodista de Chile. Santiago de Chile. Mayo 2010.

– Escrito de Dorothee Molders. 15 de mayo de 2010.

– Informe de la Comisión de la Verdad “De la locura a la Esperanza”.

– Wikipedia

– Testimonios de sobrevivientes.

– Memorias del Sumpul. Testimonios. Asociación de Sobrevivientes de la Masacre del Sumpul. 2019

– Documentos varios.

 

Nota del redactor:

Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) 1960s. “desaparecida” oficialmente en 1979. Creada originalmente con campesinos y asalariados agrícolas para vigilar a la población campesina; fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger información para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos sucios contra la insurgencia y como base social para el reclutamiento inmediato.

Su estructura estaba formada por altos mandos militares responsables directamente ante el Presidente de la República, y funcionaba como el cerebro de una red de seguridad que abarcaba todo el país, proporcionando información y ordenando el funcionamiento de los escuadrones de la muerte.

Después de 1967, su existencia y funcionamiento se hicieron públicos y sirvieron como base de apoyo electoral para el PCN, el cual, venció en todas las elecciones desde 1962 hasta 1969.

En 1967, esta estructura paramilitar llegó a movilizar a más de cien mil personas. A partir de la elección de Sánchez Hernández, el presidente de la República pasó a ser su jefe máximo.