Tomado de YSUCA / Editado por RV

Diario El Salvador lanzó su primera edición el 19 de octubre de 2020 como una marca comercial propiedad de El Diario Nacional S.A. No había cumplido ni un mes cuando desde el gobierno ya se buscaba la manera de financiarlo. A finales de octubre de 2020, las jefaturas del área de comunicaciones de las instituciones públicas recibieron un mensaje vía WhatsApp desde Casa Presidencial. El mensaje era contundente: todas las instituciones debían comprar publicidad a Diario El Salvador de manera obligatoria, violando la ley de contrataciones y adquisiciones.

Un primer lineamiento fue comprar espacios en ese periódico durante el mes de diciembre de 2020. A algunas instituciones públicas les ordenaron que pautaran por un monto mayor a $5,000 dólares.  El proceso fue complicado porque las instituciones estaban al cierre del año y había poco presupuesto.  Un empleado público que pidió no ser identificado dijo que unas instituciones se vieron en la dificultad porque ya estaban cerrando año. “Tuvieron que ver de qué áreas sacaban esos recursos para poder pautar, porque fue lineamiento directo de Casa Presidencial”.

Las instituciones debían decidir qué publicar, aunque no tuvieran una necesidad inmediata. “Cada institución quedó en la libertad de elegir la publicidad que iba a realizar, pero sí era obligación de pautar ese monto”, aseguró.

El artículo 10 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la administración Pública (LACAP) indica que una de las funciones del jefe de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Institucional (UACI) es verificar la asignación presupuestaria previo a la iniciación de todo proceso adquisitivo. Además, el numeral d) del mismo artículo señala que la UACI junto a la Unidad Financiera Institucional (UFI) deberá programar anualmente las compras y contrataciones de las obras, bienes o servicios. Esta programación deberá ser compatible con la Política Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, con el Plan de Trabajo Institucional y el presupuesto.

Pero para contratar publicidad en Diario El Salvador nada de eso se tomó en cuenta. El empleado aseguró que la institución en la que trabaja publicó varios anuncios en diciembre a un costo de $6,000, para llegar al monto solicitado por CAPRES.

Desde la UACI preguntaron al área de comunicaciones de esa institución cuál era la cobertura de Diario El Salvador para valorar si ameritaba pautar en el medio. Pero la respuesta de la jefa de comunicaciones fue tajante: “aquí no se trata de cobertura, aquí se trata de que hay una orden de cumplirla”. Según el empleado, tampoco se hizo cotizaciones a otros medios impresos, la contratación del servicio se realizó por libre gestión.

La LACAP en el artículo 40 indica que se podrá contratar por libre gestión cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos. Pero no es necesario dejar constancia de haberse generado competencia si el monto es igual o menor a 20 salarios mínimos y cuando se trate de un ofertante único.

Diario El Salvador no es el único medio impreso en el país, pero la institución donde labora el empleado no pidió cotizaciones a otros medios impresos para publicar sus anuncios porque la orden era directa de comprar al periódico, cuyos accionistas son la Perforadora Santa Bárbara, S.A. de C.V y la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán, S.A, propiedad de CEL, según una nota periodística de la Revista Factum.

El reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP) en su artículo 3 dice que las “las adquisiciones y contrataciones se regirán por los principios de publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad (…) y racionalidad del gasto público”. Nada de eso se valoró para decidir publicar tres anuncios en Diario El Salvador en el mes de diciembre, aseguró el empleado público. Agregó que, luego de la orden de pautar en Diario El Salvador en el mes de diciembre, CAPRES informó que “a partir de enero de 2020 no estaba permitido contratar ningún otro medio escrito. “El único medio impreso que las instituciones de gobierno deben contratar es Diario El Salvador”.

40 instituciones pautaron en Diario El Salvador en enero

Solo en el mes de enero 40 instituciones públicas se anunciaron en el periódico, de ellas las que más pautaron fue CEPA, Ministerio de Salud, Hospital Rosales, Ministerio de Educación y SIGET.

CEPA ha sido la institución que más contrataciones ha hecho al periódico en el mes de enero, totalizando 27, casi un anuncio diario. Hay anuncios que no tienen que ver con la función de la institución, tal es el caso de una publicación de página completa donde llama a la población a detener una segunda ola de covid-19. El 29 de enero, ese mismo anuncio se publicó tres veces en el mismo periódico.  

En ese mes CEPA publicó 15 veces en una o dos páginas a color y cuatro veces en contraportada.  Publicar en una página completa a color en Diario El Salvador tiene un costo promedio de $700.00 y en contraportada cuesta $1,000 dólares.

El 26 de enero 33 instituciones compraron espacio para publicar una esquela por el fallecimiento de la madre de la comisionada Carolina Recinos. Entre esas instituciones están: CEPA, Secretaría de Prensa, Ministerio de Educación, La Geo, FOSALUD, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Defensoría del Consumidor, ANDA, Seguro Social (ISSS), Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre otras. Estas publicaciones son parte de la obligación de pautar en el periódico, dijo el empleado.

El artículo 40 de la LACAP señala que las compras por libre gestión deben publicarse en el registro del Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL), pero al realizar la búsqueda en el sitio no se encontró registro de las compras a Diario El Salvador.

Se desconoce el gasto exacto que han hecho las instituciones para anunciarse, ya que no han transparentado los costos.  En la página de transparencia, el Banco de Desarrollo de El salvador (Bandesal) solo reporta $909.86, entre noviembre y diciembre, en gasto por anunciarse en el periódico.  El monto fue pagado por publicar convocatorias y resultados de licitaciones públicas.

El Banco Central de Reserva reporta $2,147.00 solo en suscripciones en Diario El Salvador.  También la Superintendencia del Sistema Financiero reporta en su página de transparencia $346.38 por 23 suscripciones. La Policía Nacional Civil pagó $460.28 en suscripciones en diciembre.

Dos empleados públicos, de quien también omitiremos los nombres, dijeron a Radio YSUCA que en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI también surgió la duda de si debían o no comprar publicidad a Diario El Salvador, ya que identificaron que el medio de comunicación no estaba solvente en el Ministerio de Hacienda. Y, esto es algo que todas las UACI hacen para no tener problemas a la hora de realizar las compras. Y, este periódico, tenía problemas con la razón social. Esa era una limitante para realizar la contratación, así lo notificaron a Diario El Salvador. Pero curiosamente a los cuatro días de notificar el “impasse” todo estaba resuelto en el Ministerio de Hacienda y se pudo hacer la contratación de la publicidad. “Informaron que ya estaban solventes y enviaron todo el registro que presentaron ante el Ministerio de Hacienda, cumpliendo los requisitos”, explicó el empleado.

CAPRES controla redes sociales y contrataciones de comunicadores

Casa Presidencial no solo ha dado lineamientos para que se compre espacio en Diario El Salvador, también es quien maneja las redes sociales de las instituciones del gobierno central y autónomas.

Desde el 2019 cuando el nuevo gobierno asumió el cargo Casa Presidencial pidió a todas las instituciones las contraseñas de las redes sociales. El informante dijo que desde julio se entregaron todas las claves. “CAPRES puede publicar a la hora que le dé la gana lo que quiera” en la cuenta oficial de cualquier institución pública (…)  incluso, “dicen en los chats que hay que darle retuit y lo monitorean (al encargado de redes sociales de cada institución) y si no lo hacen le llaman la atención”, dijo el empleado.

¿Y qué hay en cuanto a la participación de los ministros, técnicos u otro funcionario de alto rango en medios de comunicación?

 Los comunicadores antes de aceptar la invitación para que los funcionarios asistan a una entrevista de cualquier medio deben consultar a CAPRES. “Yo a la UCA no puedo ir, está vetada”, aseguró. Añadió que deben inventar excusas para decir que el funcionario no podrá asistir a aquellos medios de comunicación que solicitan entrevistas, pero que CAPRES no autoriza.

También controla las contrataciones del personal de comunicaciones de las instituciones. Nadie es contratado si desde Casa Presidencial no llega la autorización.

Diario El Salvador no es el preferido de los capitalinos

Las instituciones publican avisos y resultados de licitaciones, pese a que Diario El Salvador no es un periódico que tenga mucha demanda.

La última encuesta de la UCA “Los capitalinos opinan sobre la elección para la Alcaldía del municipio de San Salvador, incluyó preguntas para conocer los medios que prefieren los capitalinos.

Solo un 11.3% de los encuestados dijeron que se informan a través de ese periódico en formato digital, quedando debajo de El Diario de Hoy, la Prensa Gráfica y El Faro. En la preferencia de los periódicos impresos Diario El Salvador no aparece.

A menos de un año de su lanzamiento, el periódico ha tenido varios señalamientos por ser considerado un medio de propaganda del gobierno.

Un comunicado de la Presidencia de la República del 19 de octubre hacía énfasis en que Diario El Salvador contribuiría a la diversidad de la oferta informativa en el marco del respeto a las libertades de información y de expresión. Además, sería una voz para los excluidos, pero, todo lo contrario, ha sido la voz del oficialismo.

El 7 de octubre el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter: “Y antes de que empiece el 3% a criticar que estamos usando fondos públicos, Diario El Salvador será una empresa, propiedad del Estado, generará empleos, pagará impuestos y será rentable”. Sin embargo, el periódico desde su lanzamiento ha sido financiado con fondos públicos al mantenerse casi solo con pauta gubernamental (obligatoria).

La Corte de Cuentas de la República nada podrá hacer para auditar a El Diario Nacional S.A porque pertenece a una subsidiaria del Estado y como sociedad anónima actúa como empresa privada. Pero sí puede auditar a las instituciones públicas que están destinando dinero de manera obligada para mantener a flote al diario oficialista.

La Asamblea Legislativa, pidió a la fiscalía General de la República investigar el financiamiento para dicho periódico.