Redacción Radio Vozs / Diversos medios

Bajo la etiqueta «Sin progresos significantes» está colocado El Salvador, junto a Nicaragua, como los dos únicos países de Centroamérica que no cumplen los requisitos mínimos de transparencia en el manejo del presupuesto nacional y en la rendición de cuentas por gastos durante la pandemia, según el Reporte del Departamento de Estados de los Estados Unidos, recién revelado.

El Reporte de Transparencia Fiscal (FTR, por su sigla en inglés), es requerido por el Congreso de los Estados Unidos para evaluar si los gobiernos cumplen los requisitos mínimos de transparencia.

Caso El Salvador

Pese a que «el presupuesto del gobierno y la información sobre las obligaciones de la deuda fueron de fácil acceso para el público, incluso en línea», el informe señala que «si bien el presupuesto estaba sustancialmente completo, los ingresos y gastos reales no se correspondían razonablemente con los del presupuesto aprobado».

Gastos para pandemia sin «información completa»

Sobre los gastos durante la pandemia, dicho Reporte, apunta que «también existe la preocupación de que el gobierno no haya proporcionado información completa sobre los gastos de COVID-19 a la legislatura.»

«La entidad fiscalizadora superior revisó una parte de las cuentas del gobierno, pero carecía de capacidad para auditar todo el presupuesto anual ejecutado y también carecía de autoridad para llevar a cabo sus funciones», indica el FTR.

Recomendaciones

Según el Reporte, «la transparencia fiscal de El Salvador se vería reforzada por:

– asegurar que el presupuesto aprobado corresponda razonablemente a los ingresos y gastos reales;

– publicar auditorías que cubran la totalidad del presupuesto anual ejecutado; y

– otorgar autoridad legal y administrativa a los auditores en el desempeño de sus funciones.»

Los que cumplen y los que no

El informe describe los requisitos mínimos de transparencia fiscal desarrollados, actualizados y

fortalecidos por el Departamento de Estado en consulta con otras agencias federales de Estados Unidos y evalúa aquellos que no cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia fiscal e indica si esos gobiernos hicieron un progreso significativo hacia el cumplimiento de los requisitos durante el período de revisión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Los países de Centroamérica que sí cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia fiscal, según el informe del Departamento de Estado: Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.

Mientras que del resto de Latinoamérica aparecen en la lista: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

El informe, presentado el 25 de junio, señala a cinco países de América Latina, El Salvador, Nicaragua, Belice, Haití y República Dominicana., como no cumplidores ni siquiera de los requisitos mínimos.

La falta de transparencia

Durante el año la Asamblea Legislativa autorizó la emisión de US$2.000 millones en deuda pública para sufragar los gastos originados por la pandemia del Covid-19. Diferentes organismos de transparencia, nacionales e internacionales, critican al país la no rendición de cuentas y fiscalización sobre estos fondos.
El gobierno el rompió el convenio firmado entre el gobierno de El Salvador y la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear la CICIES, una instancia que tiene al menos 12 expedientes en estudio de posibles actos de corrupción en compras hechas por el gobierno durante la pandemia.

Para la organización Acción Ciudadana, gobierno intenta ocultar información, no rendir cuentas y que no se conozcan posibles actores del gobierno vinculados en actos de corrupción.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, dijo a través de su cuenta de Twitter que “Lamentamos la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con la @OEA_CICIES. La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad”.

La Asamblea Legislativa afín al Ejecutivo aprobó en su segunda plenaria, la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19”, dicha ley destacó que el Ministerio de Salud (Minsal) y todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud podrán hacer contrataciones directas fuera de las reglas que establece la Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP) e incluso con efectos retroactivos.

Causas de la migración a Estados Unidos

La corrupción, el autoritarismo y la subordinación de los sistemas judiciales a los regímenes de turno son algunas de las causas de la emigración del Triángulo Norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos, concluyeron miembros del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los legisladores abordaron diversos temas enfocados a las causas que provocan la migración irregular de los habitantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, durante una audiencia el viernes.

El congresista Lou Correa, quien es el representante del Distrito 46 de California, fue contundente con respecto a la forma en que percibe los motivos de la migración desde Centroamérica: es la corrupción uno de los factores que más la impulsan. Asimismo, expresó que “los pobres sistemas de gobierno son explotados por corruptos que se esfuerzan por mantener y desarrollar el status quo”.

Otros factores que han aportado al incremento de la migración en los últimos años son la pandemia por COVID-19 y al impacto de los huracanes Eta y Iota, que afectaron fuertemente a Honduras y Guatemala en 2020.

A propósito de la pandemia, el congresista afirmó que ha sido utilizada por los gobernantes de la región como una excusa para limitar la transparencia de sus gobiernos, en una clara referencia a la poca información pública que se ha manejado desde las instituciones oficiales con respecto al uso de fondos públicos para su contención, como en el caso de El Salvador, donde el gobierno de Bukele ha cerrado al público la documentación relacionada con las compras y contrataciones de varios ministerios durante la emergencia.

Algo que también valoró el congresista entorno a las causas de la migración es que los sistemas de justicia en los países del Triángulo Norte carecen de independencia y los funcionarios que se atreven a señalar los actos de corrupción, por lo general, son amenazados o removidos de sus cargos.

Un ejemplo de ello, para Correa, es que algunas comisiones anticorrupción establecidas para investigar y perseguir dichos actos han sido perjudicadas o cerradas por los gobiernos, como en el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de la cual el gobierno de Nayib Bukele se desvinculó.

Están cuestionados por el manejo de fondos el actual ministro de Salud, Francisco Alabí; el ex ministro de Agricultura, Pablo Salvador Infante; el ex presidente del Fonaes, Jorge Aguilar; entre otros.