Redacción Radio Vozs

Los privilegios para ingresar a los Estados Unidos y su inclusión en el Registro Federal para evitar que tengan refugio seguro, son las sanciones impuestas por dicho país a personas «extranjeras que deliberadamente se han involucrado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa, u obstrucción de las investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras», afirma el Informe al Congreso revelado este jueves.

De acuerdo con la Sección 353 (b) de los Estados Unidos - Ley de Compromiso Ampliado Triángulo Norte, este informe se presenta a la Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Cámara Comisión de la Judicatura y Comisión de la Judicatura del Senado.

De acuerdo con los requisitos de la Sección 353 (b), este informe identifica a las siguientes personas en El Salvador, Guatemala y Honduras como:

(1) Personas extranjeras determinadas a participar deliberadamente en acciones que socavan la democracia procesos o instituciones.

(2) Personas extranjeras determinadas a participar deliberadamente en corrupción significativa; y

(3) Personas extranjeras determinadas a participar deliberadamente en la obstrucción de las investigaciones sobre tales actos de corrupción, incluyendo lo siguiente: corrupción relacionada a contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante blanqueo de capitales; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigido a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.

De acuerdo con los requisitos de la Sección 353, las personas extranjeras enumeradas en este informe generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. A las personas extranjeras enumeradas en este informe se les revocará la visa de inmediato y cualquier otra visa válida o documentación de entrada será cancelada, salvo excepción o exención de intereses de seguridad nacional.

1 De conformidad con la Sección 353 (g), este informe se publicará en el Registro Federal.

El informe incluye a personas de las que el Departamento tiene conocimiento con información creíble o evidencias de la conducta en cuestión, de noticias en los medios de comunicación y otras fuentes.

«El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el Informar y tendrá en cuenta todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la corrupción y la actividad antidemocrática en El Salvador, Guatemala y Honduras», afirma.

Asimismo «El Departamento también continúa revisando activamente información adicional creíble y acusaciones sobre corrupción y utilizar todos los controles aplicables, según corresponda, para garantizar a los funcionarios que se les niegue el refugio seguro en los Estados Unidos».

La lista Engel

Esta lista es un requisito que el Ejecutivo de Estados Unidos adquirió con el Congreso de ese país para presentar esta lista de funcionarios vinculados a corrupción y violaciones a derechos humanos en el Triángulo Norte, la subregión que comprende a Honduras, Guatemala y El Salvador.

La obligación de presentar esta lista surgió en diciembre de 2020, a iniciativa del entonces congresista Eliot Engel.

Este legislador fue uno de los que constantemente emplazó a los gobiernos de Honduras, Guatemala o El Salvador cuando incurrieron en violaciones a derechos humanos, cuando atacaron a la prensa, amenazaron a la institucionalidad o cuando dieron golpes a la transparencia.

Si bien Engel se retiró el 20 de enero de 2021, su legado es la construcción de una lista que sirva para proceder a sancionar a estos personajes y prevenir futuros actos de corrupción.

Caso El Salvador

Sobre El Salvador dicho Informe identifica a funcionarios de la Presidencia y de la Asamblea Legislativa, exfuncionarios, dos empresario y un funcionario del Tribunal Supremo Electoral

Las personas involucradas en corrupción o actividades antidemocreáticas son:

Walter René Araujo Morales, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. Lesionó el proceso democrático por la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazó a candidatos políticos.

– Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura vinculado a corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal.

– Conan Tonatihu Castro Ramírez, secretario jurídico de la Presidencia, por golpear el proceso democrático al asistir en la remoción ilegal de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.

Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, ha obstruido investigaciones de corrupción y ha socavado la democracia con la finalidad de dañar rivales políticos.

– Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, por corrupción significativa vinculada a contratos de gobierno, así como sobornos durante su gestión.

– José Luis Merino, ex viceministro para Inversión Extranjera y dirigente del FMLN, por corrupción significativa, sobornos y estar ligado a un esquema de lavado de dinero.

– Ezequiel Milla Guerra, exalcalde de La Unión, por corrupción significativa y abusar de su autoridad como alcalde para la venta de la Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de beneficios personales.

– José Aquiles Enrique Rais López, operador político, por corrupción significativa y por socavar el proceso democrático al sobornar oficiales de gobierno.

– Martha Carolina Recinos de Bernal, jefa de gabinete de Bukele, por corrupción significativa al abusar de fondos públicos para beneficio personal y participar de un esquema de lavado de dinero.

– Carlos Armando Reyes Ramos, diputado de ARENA, por obstruir investigaciones de corrupción y por influenciar de forma inapropiada el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Othon Sigfrido Reyes Morales, expresidente de la Asamblea por el FMLN, por corrupción significativa, fraude y mal uso de fondos públicos.

– Rogelio Eduardo Rivas Polanco, exministro de Seguridad de Bukele, por corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal.

– Adolfo Salume Artinano, empresario, por corrupción significativa y por socavar el proceso democrático al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para evitar pagar una multa.

– Luis Guillermo Wellman Carpio, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por socavar el proceso democrático mediante serios e innecesarios retrasos en la preparación de las elecciones y la tabulación de resultados, así como permitir influencia maligna de China en las elecciones salvadoreñas.

Primera lista de corruptos

En mayo recién pasado se dio a conocer la primera lista de funcionarios y exfuncionarios corruptos destacando en ese entonces, la comisionada presidencial de operaciones, Carolina Recinos.

“La jefa de gabinete actual de la administración del presidente Nayib Bukele está relacionada a significativos actos de corrupción durante su mandato”, añade esta lista.

Una investigación del periódico digital El Faro dio cuenta de cómo la hermana de Recinos obtuvo un préstamo de Bandesal pese a no demostrar capacidad de pago. Además, ha sido denunciada en el Tribunal de Ética Gubernamental por la supuesta contratación de sus hermanos en la administración pública.

Este grupo de personas también incluye a José Luis Merino, un alto dirigente del FMLN y uno de los primeros patrocinadores de la carrera política de Nayib Bukele.

“Antiguo viceministro para inversión extranjera y financiamiento para el desarrollo, y legislador de El Salvador y actual financista del FMLN”, lo describe el documento publicado por el portal de noticias elsalvador.com.

Merino estuvo “involucrado en actos significativos de corrupción durante su periodo”, añade.

Esta lista también contempla a Rogelio Rivas, exministro de Seguridad y Justicia. De él, añaden sus vínculos a “significativos actos de corrupción al otorgarle a su propia compañía de construcción varios contratos no competitivos y no publicitados para construir estaciones de policía y otros edificios que caían bajo su autoridad, e infló el costo de los materiales”.

Rogelio Rivas fue apartado del gobierno en abril del presente año. Según reportaje de El Faro, él tenía sus propias aspiraciones de ser el sucesor de Bukele en la Presidencia, lo cual le generó conflictos internos en el oficialismo. En su mandato, se alcanzó una baja significativa de homicidios, pero las causas de esto permanecen poco claras.

El documento también incluye a Guillermo Gallegos, legislador actual del partido GANA, el mismo que sirvió como vehículo para que Bukele llegara al poder en 2019.

Al igual que los otros nombres, el legislador es descrito como “involucrado en actos significativos de corrupción a lo largo de su periodo”, según el listado.

Finalmente, la lista incluye a Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN, quien según el documento está “vinculado a significativos actos de corrupción durante su periodo”.

“Fuentes creíbles corroboran las acusaciones de corrupción en el sentido de que Sigfrido Reyes se apropió de fondos públicos para beneficio personal cuando autorizó y lavó gastos de viaje fraudulentos”, menciona el listado.

“Estados Unidos busca aliados en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia, pero en El Salvador cada vez más encuentran lo contrario”, dijo en aquella oportunidad el senador Patrick Leahy.

De izquierda a derecha: José Luis Merino, Othon Sigfrido Reyes Morales, Carlos Armando Reyes Ramos,

Ezequiel Milla Guerra, José Aquiles Enrique Rais López, Adolfo Salume Artinano, Luis Guillermo Wellman Carpio.