Redacción EC

Las reformas al Código Procesal Penal que introducen la figura de jueces sin rostro y que permiten realizar juicios sin presencia de los imputados, violan la Constitución de la República de El Salvador y la Convención Americana de Derechos Humanos, según demanda presentada por la organización Cristosal ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

Dichas reformas son parte de un paquete de reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en el marco de la implementación del régimen de excepción, a petición del Órgano Ejecutivo.

La primera observación de Cristosal es que dichas reformas, que regulan a los funcionarios judiciales que conocen sobre causas penales, las debe proponer la Corte Suprema de Justicia y no la Presidencia de la República ya que no es de su competencia, según el procedimiento que establecen los artículos 131 y 142 de la Constitución.

«La Asamblea actuó sin una propuesta previa de la Corte Suprema de Justicia, cuando es esta instancia quien debe promover la reforma según la Constitución de la República», reafirma Cristosal.

Asimismo, «se viola el principio de "juez natural” establecido en el artículo 15 de la Constitución, ya que las personas serán juzgadas por jueces que no podrán ser identificados en las audiencias y que solo serán referidos con número».

Esto «vulnera el derecho de recusación y de contar con un juez independiente e imparcial, al no poderse garantizar si se desconoce su identidad, capacidad técnica y antecedentes en el ejercicio del cargo».

También Cristosal señala que El Salvador es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos «que estipula el derecho a que las personas sean juzgadas por jueces independientes e imparciales».

«En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sentado precedentes sobre el tema, como en el caso de las reformas que creaban la misma figura de de reformas violan la mencionada Convención» asegura Cristosal.

Agrega que «esta reforma deteriora, aún más, la independencia del Órgano Judicial, debido a que el anonimato de los jueces no permitirá saber cuando la Corte Suprema de Justicia aplique traslados y remociones arbitrarias de los mismos jueces, lo que vulnera el principio según el cual un juez debería dar seguimiento al caso que ya ha conocido».

Cristosal aclara que «no reconoce la legitimidad de la Sala de Constitucional actual debido a que fue impuesta mediante un acto inconstitucional, [pero] valoramos el derecho con el cual cuenta la sociedad civil para usar los mecanismos legales que la Ley le faculta».