Redacción EC

Como primera reacción a la nueva Lista Engel, filtrada a través de las redes sociales, el diputado y jefe de la bancada del partido oficial de El Salvador Nuevas Ideas, Christian Reynaldo Guevara Guadrón, confirmó que el gobierno de los Estados Unidos le suspendió la visa para viajar a ese país.

La nueva Lista Engel involucra además, a un exfuncionario y su esposa por corrupción y lavado de dinero, asimismo incluye al actual alcalde de la ciudad de San Miguel, Will Salgado, al que relaciona con el narcotráfico, y a tres funcionarios de la presidencia por acciones «que socavan el proceso o las instituciones democráticas».

El listado de la nueva Lista Engel, relacionado a El Salvador es el siguiente:

José Wilfredo Salgado García, alcalde de la ciudad de San Miguel, socavar el proceso o las instituciones democráticas cuando usó su cargo oficial para participar en el narcotráfico y el lavado de dinero mientras era alcalde de San Miguel, la segunda ciudad más grande de El Salvador.

Francisco Javier Argueta Gómez, actual Asesor Jurídico Presidencial, socavó procesos o instituciones democráticas al planear la destitución de cinco Magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General en un proceso inusual en aparente contravención de los procesos establecidos en el Artículo 186 de la Constitución, que requiere la selección de dichos Magistrados de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Christian Reynaldo Guevara Guadrón, El Diputado a la Asamblea Legislativa y Jefe de Facción del Partido Nuevas Ideas, socavó los procesos o instituciones democráticas al presentar una Ley de Prohibición de Pandillas que sancionará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes pandilleros en los medios de comunicación, considerados por muchos observadores como un claro intento para censurar a los medios de comunicación.

José Ernesto Sanabria, actual Secretario de Prensa Presidencial, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su cargo y ejercer la influencia de Bukele para presionar de manera inapropiada a los funcionarios de los partidos políticos de oposición para que renuncien bajo la amenaza de ser acusados de delitos penales.

José Alejandro Zelaya Villalobo, Ministro de Hacienda, socavó procesos o instituciones democráticas al supuestamente retener de los municipios $497 millones en fondos públicos para servicios esenciales con el fin de generar enojo público y desconfianza hacia los titulares, y obtener apoyo para sus aliados políticos, quienes fueron contendientes en las elecciones legislativas y municipales de 2021.

Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa, esposa del exministro de Seguridad Pública René Mario Figueroa Figueroa, facilitó la transferencia de ganancias de la corrupción cuando ayudó a su esposo a lavar más de $3 millones en fondos públicos, mientras su esposo era Ministro de Seguridad Pública durante la administración de Saca.

René Mario Figueroa Figueroa, ex Ministro de Seguridad Pública bajo la Administración Saca, durante su tiempo como Ministro incurrió en una corrupción significativa cuando convirtió $ 3 millones en fondos públicos para su uso personal y el de su esposa y, con su esposa, blanqueó esos fondos.

 

Los funcionarios de la primera Lista Engel

Los señalados anteriores se suman a los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que forman parte de la Lista Engel:

Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la constitución salvadoreña.

Cinco exmagistrados fueron destituidos abruptamente sin causa legítima luego de que el 1 de mayo se sentara la Asamblea Legislativa recién elegida. Una vez instalados, los nuevos Magistrados declararon constitucional su instalación por la Asamblea Legislativa.

Los Magistrados socavaron los procesos o instituciones democráticos al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente a pesar de una prohibición expresa en la Constitución que prohibía mandatos consecutivos a la Presidencia.

 

Más funcionarios sancionados

 

A estos funcionarios salvadoreños se suman los siguientes funcionarios, exfuncionarios y empresarios sancionados en julio del año pasado:

Walter René Araujo Morales, exmiembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral, actuó contra instituciones o procesos democráticos al llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar en forma reiterada a candidatos políticos.

Pablo Salvador Anliker Infante, ex ministro de Agricultura, que participó en actos significativos de corrupción al apropiarse de fondos públicos para beneficio propio.

Conan Tonathiu Castro Ramírez, actual asesor legal del Presidente Nayib Bukele, quien actuó contra instituciones o procesos democráticos al colaborar en la destitución irregular de cinco magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General.

Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo del Presidente Nayib Bukele, obstaculizó investigaciones sobre corrupción y actuó contra instituciones o procesos democráticos como parte de sus esfuerzos para perjudicar a opositores políticos.

Osiris Luna Meza, viceministra de Seguridad y directora general de Centros Penales del Presidente Nayib Bukele, ha participado en actos significativos de corrupción vinculados con contratos públicos y sobornos durante su función.

José Luis Merino, ex viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, quien participó en actos significativos de corrupción durante su mandato mediante la comisión de actos de soborno. También participó en un mecanismo destinado al lavado de dinero.

Ezequiel Milla Guerra, ex alcalde de La Unión, participó en actos significativos de corrupción al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de la Isla de Perico a agentes de la República Popular China a cambio de beneficios personales.

José Aquiles Enrique Rais López, participó en actos significativos de corrupción y realizó acciones que debilitaron instituciones o procesos democráticos al sobornar a funcionarios públicos.

Martha Carolina Recinos de Bernal, actual Jefa de Gabinete del Presidente Nayib Bukele, participó en actos significativos de corrupción al utilizar indebidamente fondos públicos en beneficio propio. También participó en un mecanismo de lavado de dinero.

Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa, obstaculizó investigaciones de corrupción al influir indebidamente en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema.

Othon Sigfrido Reyes Morales, exlegislador del partido FMLN de El Salvador, participó en actos significativos de corrupción durante su mandato a través de fraude y uso indebido de fondos públicos.

Rogelio Eduardo Rivas Polanco, ex ministro de Seguridad y Justicia, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse de fondos públicos para beneficio propio.

Adolfo Salume Artinano, participó en actos significativos de corrupción y actuó contra instituciones y procesos democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar pagar una multa.

Luis Guillermo Wellman Carpio, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, actuó contra instituciones o procesos democráticos al provocar demoras graves e innecesarias en la preparación de elecciones y el escrutinio de resultados en beneficio propio, y al facilitar la influencia maliciosa china durante las elecciones en El Salvador.

¿Qué es la Lista Engel?

La Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos (conocida como la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos) fue promulgada el 27 de diciembre de 2020. Esta ley requiere que el Presidente identifique a las personas extranjeras que se determine que “se han involucrado a propósito en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, o en casos de corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras”. Esto incluye lo siguiente:

– Corrupción relacionada a contratos de gobierno.

– Soborno y extorsión.

– Facilitación o transferencia de fondos provenientes de la corrupción, incluyendo mediante lavado de dinero.

– Actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales 

Para ser incluida, cada persona nombrada en la lista debe ser identificada bajo uno o más de estos criterios específicos y debe estar vinculado a un acto que esté documentado por al menos dos fuentes creíbles.

Según comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador «El Departamento [de Estado] continuará utilizando todas las herramientas disponibles para abordar la corrupción y promover la rendición de cuentas de los actores corruptos, para incluir restricciones de visas bajo la sección 7031 (c) de la ley de asignaciones anuales y sanciones cuando corresponda.»