Michelle Bachelet, Olivier De Schutter y Guy Ryder

Los gobiernos han respondido a la pandemia de COVID-19 , incluidos sus efectos sociales y económicos, con un conjunto de planes ad hoc, en particular, bajas profesionales remuneradas, transferencias de dinero y apoyo familiar. Si bien son dignas de elogio, esas medidas poseen dos limitaciones principales.

En primer lugar, muchas son soluciones temporales a corto plazo, que abarcan confinamientos o períodos de cierre de duración determinada hasta que se produzca la recuperación económica. No contribuyen a modificar las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas en situación de vulnerabilidad, ni a mejorar su situación para afrontar crisis futuras.

En segundo lugar, dichas medidas no abordan los riesgos vitales a los que deben hacer frente la mayoría de las comunidades más afectadas del mundo. Pese a que las medidas gubernamentales adoptadas en todo el mundo para hacer frente a la COVID-19 han costado más de 11 billones de dólares, la inmensa mayoría se han aplicado en países ricos. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó recientemente un plan de recuperación de 750.000 millones de euros (878.780 millones de dólares) (equivalente al 6% de su producto interno bruto, PIB), y Japón implantó un plan de recuperación económica equivalente al 22% de su PIB (1,1 billones de dólares). Sin embargo, en los países en desarrollo de bajos ingresos las medidas de respuesta fiscal han representado, en promedio, el 1,2% del PIB.

Los países en desarrollo, en particular los de bajos ingresos, poseen recursos internos limitados, limitación que se ve acentuada por la caída del precio de determinados productos básicos de exportación. No tienen la capacidad necesaria para aplicar las medidas necesarias para afrontar la crisis que precisa su población, y mucho menos para implantar los sistemas de protección social a largo plazo que permitirían fomentar su resiliencia.

Antes de la pandemia de la COVID-19, el 69% de la población mundial no gozaba de cobertura de seguridad social, ya fuera de forma íntegra o parcial. Casi dos terceras partes de los niños en todo el mundo no tenían cobertura de protección social, únicamente el 22% de las personas desempleadas recibían prestaciones económicas por desempleo y solo el 28% de las personas con discapacidad grave percibían prestaciones económicas por discapacidad.

Las crisis mundiales, como la provocada por esta pandemia, trascienden límites geográficos y políticos. Frente a ellas, nuestra fortaleza es únicamente la que poseen las personas más débiles. Con objeto de aumentar la resiliencia y la capacidad de recuperación de forma más eficaz, debemos apoyar a todos los países para que puedan establecer bases sólidas de protección social. El enfoque actual, poco sistemático, es como llamar a los bomberos al declararse un incendio, y luego decirles que sólo salven algunas habitaciones del edificio en llamas.

Está claro que esa no es la solución más adecuada. En las circunstancias actuales, la solidaridad internacional es fundamental y nos beneficia todos.
Los niveles mínimos de protección social para todos son viables económicamente. A lo largo del año en curso, el déficit de financiación de todos los países en desarrollo, a saber, la diferencia entre lo que dichos países invierten en sistemas de protección social y el costo que tendría la implantación de un nivel básico de protección social íntegro (incluidas sus prestaciones sanitarias), equivale a unos 1,19 billones de dólares, incluídos los efectos de la COVID-19. Pero dicho déficit es sólo de unos 78.000 millones de dólares en el caso de los países de bajos ingresos, cantidad desdeñable con respecto al PIB de los países industrializados. Sin embargo, el valor económico total de los programas oficiales de asistencia al desarrollo destinada a protección social se eleva únicamente al 0,0047% del ingreso nacional bruto de los países donantes.

En virtud de la normativa internacional sobre derechos humanos, se reconoce el deber de los estados ricos de fomentar el cumplimiento de los derechos sociales en los países que posean menos recursos, y se han adoptado medidas encaminadas a garantizar que ese reconocimiento redunde en medidas de asistencia específicas.

En 2011, un grupo consultivo de expertos recomendó a los donantes que proporcionaran financiación de forma estable durante varios años para fortalecer los sistemas de protección social en los países en desarrollo. En 2012, dos expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas propusieron un Fondo Mundial para la Protección Social, con objeto de prestar asistencia a los países de bajos ingresos para el establecimiento de pisos de protección social destinados a su población. En ese mismo año, los miembros de la OIT, a saber, gobiernos, trabajadores y empleadores de 185 países, respaldaron la propuesta de ofrecer una protección social integral con arreglo al objetivo, fijado por unanimidad, de "establecer y mantener... niveles básicos de protección social como elemento fundamental de los sistemas nacionales de seguridad social".

Con frecuencia se escucha la promesa de que debemos "reconstruir mejor", y de que ese será el caso, después de esta crisis. Ello solo puede lograrse si todas las personas, incluidas las más pobres y marginadas, gozan de un nivel mínimo de protección social.

Los países deben destinar la mayor cantidad posible de recursos disponibles a facilitar el establecimiento de sistemas de protección social para todos. Ello puede conllevar la adopción de enfoques más eficaces en materia de fiscalidad y de lucha contra la corrupción. A largo plazo, esa redistribución de activos contribuirá a disminuir la desigualdad y la discriminación, así como a facilitar el cumplimiento del objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  de "no dejar a nadie atrás".
De esta crisis cabe extraer muchas conclusiones. En particular, que para lograr una mejor reconstrucción es necesario fomentar la solidaridad internacional y la protección social para todos, no sólo para los que ya pueden permitírsela actualmente. Si ignoramos ese mensaje, corremos el riesgo de condenar a las generaciones futuras a que sigan padeciendo el inmenso sufrimiento que ha de afrontarse actualmente. Ese es, sin ninguna duda, un futuro que no se puede tolerar.

**Michelle Bachelet desempeña el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Olivier De Schutter es Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos; Guy Ryder es el Director General de la Organización Internacional del Trabajo.

Nota: Este artículo se publicó anteriormente en Le Monde, el Jakarta Post  y el Nezavisimaya gazeta.